El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, presentó este 29 de julio un proyecto de reforma de la Constitución que llevaría de cinco a siete años los periodos presidenciales y los haría renovables, con el argumento de asegurar "estabilidad en visión, operatividad y continuidad".
En la exposición de motivos ante el pleno del Parlamento (subordinado a la copresidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo), Porras justificó: "Nuestro sistema de Estado y Gobierno de 'Pueblo Presidente' propone ordenarse con periodos efectivos de siete años renovables".
Ortega, de 80 años, ha estado al frente del poder de forma ininterrumpida desde 2007, pero antes coordinó la junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y cumplió un primer periodo de 1985 a 1990, lo que lo convierte en el político que más tiempo ha pasado en el Ejecutivo en Nicaragua, con 30 años en total.
La nueva iniciativa buscaría revestir de legalidad el reciente anuncio de Ortega, quien prometió en el discurso de aniversario de la revolución sandinista la supresión de las elecciones en Nicaragua.
"Los días en que los partidos respaldados por los yanquis y los somocistas volverían al poder han terminado, nunca más", proclamó, en una declaración que marcó una nueva escalada en la deriva autoritaria de su Gobierno.
La iniciativa parlamentaria no es más que una oficialización de una medida que ya se ha tomado en el pasado. En enero de 2025, el Parlamento controlado por el Gobierno decidió prorrogar en un año el periodo de Ortega, que debía culminar en 2026, postergando para noviembre de 2027 unas elecciones que ahora están en vilo.
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En sus últimos mandatos, el presidente sandinista ha reforzado su posición con decisiones que han ido en menoscabo de la arquitectura democrática del país, particularmente a partir de la violenta represión a las manifestaciones masivas de 2018.
Desde entonces, Ortega eliminó los límites a la reelección, subordinó al Parlamento, el Poder Judicial, el electoral y las fuerzas de seguridad al Poder Ejecutivo, estableció la figura inédita de la "copresidencia", para gobernar el país con mano de hierro junto a su esposa (y probablemente abrir la puerta a una especie de 'dictadura familiar hereditaria', según la oposición), y declaró al país como un Estado "revolucionario y socialista".
Foto de archivo que muestra al presidente Daniel Ortega junto a dos miembros de la policía nicaragüense. Masaya, 13 de julio de 2018. Todos los cuerpos de seguridad han quedado subordinados al ejecutivo, de acuerdo con la legislación impulsada por Ortega para apuntalar su presencia en el poder.
La última puntada la dio antes de las más recientes elecciones (celebradas en 2021), cuando se encargó de encarcelar o desterrar a sus principales adversarios políticos.
A raíz de estas decisiones, el Instituto V-Dem, que rastrea la democracia a nivel mundial, ha declarado a Nicaragua como el país menos democrático de América Latina, incluso peor evaluado que Cuba, un régimen de partido único, o Venezuela, cuyas prácticas represivas son objeto de una investigación en la Corte Penal Internacional, bajo la sospecha de que se han cometido crímenes de lesa humanidad.
Ahora, el Parlamento ha salido en auxilio de Ortega, luego de los cuestionamientos a su anuncio de eliminar los comicios, matizando la iniciativa con un proyecto de reforma constitucional que supuestamente busca hacer "frente con toda energía y claridad a las urgencias materiales, culturales y espirituales de nuestro pueblo y a las respuestas responsables, patrióticas, efectivas e indispensables".
"El Gobierno de Nicaragua necesita para este futuro democrático y libre, solidario, complementario cristiano, creativo, próspero, y profundamente humano debe ordenarse de acuerdo con la urgencia y plazos que el Plan Nacional de Desarrollo Humano y de liberación de la pobreza contempla", indica la exposición de motivos.
De esta forma, la Asamblea Nacional da un barniz legislativo al anuncio de Ortega, que ha enfrentado cuestionamientos por sus prácticas contra la oposición (muchos de cuyos miembros han sido incluso despojados de su ciudadanía) y por forzar el andamiaje jurídico del país, declarando "inaplicable" el artículo de la Constitución que impedía la reelección.
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Porras aseguró el 22 de julio (tres días después del anuncio de Ortega) que sí seguirán realizándose elecciones, pero bajo un nuevo marco constitucional, que según su justificación busca blindar a los comicios contra la injerencia extranjera y protegerlos de los "traidores a la patria".
El blindaje al que se refiere Porras incluye una reforma parcial de la Constitución que pretende arrebatar los derechos políticos a opositores que han sido desnacionalizados por el Gobierno, de acuerdo con el anuncio hecho el 27 de julio por la copresidenta Murillo, que informó que en septiembre tendrá lugar la primera discusión del proyecto.
Según esta modificación, quedarán inhabilitados para presentarse en elecciones los dirigentes convertidos en apátridas de facto, luego de que el régimen de Ortega y Murillo aprobara el año pasado una reforma constitucional que priva de la ciudadanía a quienes hayan adquirido una segunda nacionalidad o incluso a quienes hayan permanecido largo tiempo en el exterior, que es el caso de muchos rivales políticos en el destierro.
Murillo agregó que espera que la legislación sea consultada "con todos los sectores" antes de su aprobación y que los diputados de la Asamblea Nacional ya iniciaron un "encuentro respetuoso" con miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país para explicar los objetivos de la iniciativa.
Panamá retiró a su embajador a raíz de las declaraciones de Ortega sobre la supresión de las elecciones, y Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, la Unión Europea, Uruguay, la OEA, Alberto Ramdin y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, han expresado su preocupación al respecto.
"Las personas de todos los puntos de vista políticos deben poder votar y presentarse a cargos públicos, en línea con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos", afirmó Türk.
Pero la legitimidad internacional parece haber dejado de ser una preocupación para Ortega y Murillo, que respondieron a los cuestionamientos de la Unión Europea diciendo que "no somos vasallos de nadie" y calificaron su preocupación como "injerencista, imperialista, y propio de una mentalidad y prácticas ancladas en un pasado colonial".
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Con EFE, Reuters y AP