Las autoridades de Estados Unidos informaron este martes 4 de agosto de 2026 el desmantelamiento de una red dedicada al tráfico de armas hacia México integrada por 21 personas, todas detenidas, que presuntamente abastecía a una organización criminal mexicana cuya identidad no fue revelada.
Durante una conferencia de prensa, el fiscal federal para el Distrito de Arizona, Timothy Courchaine, y el agente especial a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Phoenix, Albert J. Gibes, señalaron que la investigación permitió identificar toda la estructura de la red, desde los compradores testaferros en Arizona hasta los enlaces de contrabando y los operadores en México.
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Las autoridades explicaron que los acusados adquirían armas de manera legal en múltiples armerías autorizadas, con el objetivo de evitar patrones que facilitaran su detección. El agente especial indicó que, en uno de los casos, las compras superaron las 20 armas de fuego y fueron realizadas en distintos establecimientos.
"No se trató de una sola tienda de armas. Esta red intentaba, en sus esfuerzos, ser sofisticada y dividir sus compras tanto en el condado de Maricopa como en otros lugares", explicó Gibes.
El funcionario señaló que la investigación se apoyó en inteligencia obtenida a partir de armas recuperadas en escenas del crimen, lo que permitió rastrear su origen y establecer vínculos entre distintos casos previamente judicializados.
"Las armas son un producto legal. Que alguien compre un arma de fuego no va en contra de la ley; en lo que trabajamos es en identificar a aquellos actores criminales que están explotando nuestras leyes de armas de fuego para alimentar la violencia. Y eso es exactamente lo que hicimos en este caso", afirmó.
Foto: Archivo / Cuartoscuro
Durante la conferencia, los funcionarios rechazaron cualquier comparación con el operativo "Rápido y Furioso", implementado hace más de una década por autoridades estadounidenses, luego de que se les preguntó si durante la investigación algunas armas pudieron haber quedado fuera de control.
"Las armas de fuego no se perdieron en el proceso. Quiero ser muy claro al respecto", respondió Gibes.
Agregó que la prioridad de la investigación fue impedir que las armas y municiones llegaran a organizaciones criminales mediante aseguramientos realizados antes de cruzar la frontera o durante su traslado.
"En esta investigación, nuestros agentes hicieron un trabajo fantástico colaborando como socios para asegurarse de que, si había armas de fuego o municiones a granel destinadas a México o a cualquier otro lugar, íbamos a hacer el esfuerzo de asegurar que no llegaran allí. En este caso hubo intercepciones en la frontera, hubo intercepciones en nuestras carreteras, hubo intercepciones en otros lugares también; no importa dónde sea, si va dirigido a organizaciones criminales, vamos a realizar esa intercepción", sostuvo.
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Aunque confirmaron que la red abastecía a una organización criminal que opera en México, los funcionarios declinaron revelar su identidad.
"A menudo vemos eso, y como ya escuchó de parte del Fiscal Federal, no vamos a nombrar a esa organización criminal específica, pero se trata de una que opera en México", señaló Gibes.
Courchaine explicó que el caso no surgió como una investigación aislada, sino a partir de la integración de expedientes que ya habían sido judicializados y que, mediante labores de inteligencia e investigación, permitieron identificar una conspiración de mayor alcance.
El fiscal indicó que uno de los acusados, identificado con el apellido Castro, aparece relacionado con varios de esos casos, lo que permitió conectar investigaciones previas y reconstruir la red completa.
Las autoridades destacaron que uno de los elementos que distinguió este operativo fue la coordinación entre distintas agencias estadounidenses y autoridades mexicanas, así como la captura de todos los implicados.
"Logramos capturar a 21 de los 21 acusados imputados en las órdenes de arresto", afirmó Gibes.
Foto: Archivo / X Ronald Johnson
Explicó que la investigación permitió documentar cada uno de los eslabones de la operación ilícita, desde los compradores testaferros establecidos en Phoenix hasta los enlaces encargados del contrabando hacia la frontera y las personas que operaban en territorio mexicano.
También señalaron que en la investigación participaron la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF), la ATF, Homeland Security Investigations (HSI), la Patrulla Fronteriza, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS), la división de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y autoridades mexicanas.
Respecto al papel de las armerías autorizadas, Courchaine defendió que la mayoría colabora con las investigaciones al reportar operaciones que consideran inusuales o sospechosas.
"Uno de nuestros mayores activos son nuestros licenciatarios federales de armas de fuego, nuestros FFL, que están haciendo el papeleo, que están haciendo las verificaciones de antecedentes, que están obteniendo los registros y que llaman cuando las cosas parecen raras", dijo.
El fiscal reconoció que en otros casos han procesado a distribuidores corruptos, pero sostuvo que "la gran mayoría de ellos son buenos socios en este trabajo regulatorio".
Al cierre de la conferencia, Courchaine confirmó que no hubo extradiciones desde México relacionadas con este caso, aunque algunos de los acusados enfrentan cargos en Estados Unidos.
"Nadie fue extraditado, aunque había acusados en México", respondió el fiscal al ser cuestionado sobre la situación jurídica de los integrantes de la red.